La enseñanza pública en Galicia, en peligro

Hoy 28 de junio se ha celebrado en Santiago de Compostela una manifestación de profesores de enseñanza preuniversitaria. Convocada por la mayoría de los sindicatos de educación de Galicia, el motivo ha sido un borrador de decreto que, de aplicarse finalmente, llevaría hasta unos extremos inadmisibles la obsesión de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia por ahorrar dinero en la enseñanza pública, algo que está suponiendo un empeoramiento evidente de las condiciones en que los alumnos reciben sus clases y un abuso continuo de ese funcionario público que es el profesor. Con su aprobación, nuestro sistema educativo público recibiría el golpe de gracia que lo convertirá, casi definitivamente, en un sistema asistencial para los alumnos menores de 18 años que no puedan acceder a otro tipo de educación.

Porque las pretensiones de ese decreto vienen precedidas por lo ocurrido (y que sigue ocurriendo) a lo largo de estos últimos cursos, en los que la administración educativa gallega ha buscado por todos los medios el ahorro de profesorado mediante la estrategia de acumular alumnos en las aulas. Así, un aspecto tan crucial como es la ratio profesor/alumnos ha desaparecido desde hace tiempo como un objetivo de calidad y se ha convertido en algo completamente diferente, en una especie de mina de donde poder eliminar a puñados puestos profesionales. El paso que se quiere dar ahora es el de ampliar indiscriminadamente las funciones y el horario presencial en los centros (también, lectivo) de ese profesorado, el mismo que ya está impartiendo sus clases en aulas donde el aumento paulatino del alumnado hace cada vez más inviable cualquier tipo de educación de calidad, esto es, aquella que intenta ser, de forma profesional, lo más atenta posible a la diversidad intelectual y social del alumnado.

En concreto, el futuro decreto pretende

(a) que los profesores vigilemos (con la correspondiente responsabilidad penal) la llegada y la marcha del alumnado cuando acceden al Centro mediante transporte escolar; la razón, obviamente, es atender a una supuesta petición de los padres por la vía de obligarnos a cumplir un trabajo que no tiene nada que ver con aquello para lo que opositamos y para lo que estamos formados, con el fin de ahorrarse la contratación de los trabajadores adecuados;

(b) que los profesores de secundaria completemos, ya no como medida excepcional sino como algo generalizado, nuestros horarios de clase con la impartición de las llamadas materias afines, esto es, aquellas que directamente no son de nuestra especialidad; la razón, obviamente, es ahorrar en profesorado, al margen por completo de cualquier preocupación por la calidad de la enseñanza, que sufrirá por el aumento del número de alumnos por clase y por poner al frente de unas materias a profesores no cualificados para impartirlas;

(c) que los profesores estemos encerrados obligatoriamente en nuestros centros durante 30 horas a la semana, independientemente de cuál sea nuestro horario fijo lectivo y de atención a padres y alumnado; la razón, obviamente, es preparar el terreno para ampliar de forma arbitraria y abusiva nuestras funciones y actividades, al margen, una vez más, de cuál sea nuestra capacitación profesional y cuáles las condiciones laborales de las que partimos.

La sociedad debe saber que estas medidas atentan contra la calidad de la educación y ayudan, en definitiva, a que el sistema educativo público y gratuito termine convirtiéndose en un sistema de guardería para adolescentes. Lógicamente, ningún padre con recursos y posibilidades querrá condenar a su hijo a que pase los años más importantes de su formación encerrado en aulas masificadas, donde el nivel de enseñanza sea el mínimo posible y donde esa enseñanza venga en ocasiones impartida por personas no cualificadas para ello; lógicamente, los otros padres deberán conformarse con ello…

Dicho con otras palabras, las condiciones materiales y profesionales a las que se está llevando al sistema educativo público en Galicia implicarán que ese carácter público y gratuito termine siendo sinónimo de una mala calidad educativa, la cual, a su vez, será la que habrá de recibir aquel alumnado que no pueda, por razones fundamentalmente económicas, acceder a otra.

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Crucifijos

crucifijo1Hace una semana, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid ordenaba la retirada de un crucifijo del colegio público Macías Picavea en pro de la aconfesionalidad y neutralidad del Estado. El impulsor del proceso judicial que se ha resuelto de esa manera, Fernando Pastor, declaró al respecto que esta era la primera vez en España que un juez entraba en el fondo del asunto dando la razón a la libertad de conciencia y a la higiene democrática. Abundando en la misma línea, la sentencia apela a que el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o actitudes de signo religioso y que el Estado no puede adherirse ni prestar respaldo a ningún credo religioso, ya que no debe existir confusión alguna entre los fines religiosos y los fines estatales; esto es, que nadie puede sentir que, por motivos religiosos, el Estado le es más o menos próximo que a sus conciudadanos, y en este caso la presencia de crucifijos en la escuela provoca el sentimiento de que el Estado está más cercano a la confesión católica.

Lo primero que a uno se le viene a la cabeza, una vez oídas las muestras de satisfacción de los promotores y respaldadores de esa sentencia, es la pregunta de por qué si algo es tan evidentemente anticonstitucional, la justicia no había actuado antes. O sea, por qué ahora, y no hace 20 años, por ejemplo.

En segundo lugar, también a uno le da qué pensar como es que algo, al parecer, tan profundamente agresivo para muchos ciudadanos, tenga que haber esperado por la acción individual y esporádica de una persona para poder corregirse.

Por último, es también motivo de reflexión que esa persona que ha iniciado el proceso judicial del que hablamos no sea un padre cualquiera, quiero decir, un padre más, mondo y lirondo, sino el portavoz de una asociación llamada Asociación Cultural Escuela Laica.

Las respuestas a estos tres interrogantes van todas en la misma dirección: la petición de retirar los crucifijos que aún quedan de los centros públicos españoles no tiene nada que ver ni con la Constitución, ni con la libertad de conciencia, ni con la democracia, ni con la neutralidad y aconfesionalidad del Estado.

Con lo que tiene que ver es con una absurda invectiva contra el catolicismo que algunos intentan utilizar como cabeza de turco para ajustar cuentas con el pasado y para justificar determinados males de nuestro tiempo que no son capaces de resolver en el presente.

La existencia de un crucifijo en una clase de un colegio no atenta contra la aconfesionalidad del estado, por la sencilla razón de que hoy en día no puede significar en modo alguno que la orientación pedagógica de dicho centro sea católica. Y dado que eso es así, pedir explícitamente su retirada no es más que una agresión explícita contra una religión, a la que se intenta presentar como negativa o dañina socialmente, eludiendo de forma soberbia y prepotente la posibilidad de que quienes hacen uso de esa aula pudiesen mostrarse interesados en mantener como parte de la misma ese crucifijo.

En este sentido, la libertad de conciencia no se ve limitada porque yo vea en un espacio público un signo de la conciencia de los demás. La libertad de conciencia se ve limitada cuando, precisamente, no me dejan sentirme acompañado, tanto en mi vida privada como pública, de elementos culturales que considero esenciales para identificarme como persona. Decir que un crucifijo en el aula de un centro de enseñanza ataca la libertad de conciencia de los no católicos es decir que la conciencia se ve atacada cuando accede a la contemplación o visión de elementos que no le gustan o que portan una serie de ideas, posiciones o ideología que no son mías. O sea, un disparate. O sea: fascismo, nazismo, comunismo… Dicho de otra forma, lo que realmente se buscar es connotar sibilinamente de un carácter perjudicial, negativo o pernicioso al cristianismo.

La higiene democrática es, pues, no agredir a lo católicos que se sienten acompañados de un crucifijo en sus tareas cotidianas, privadas o públicas, ordenando la retirada de estos con la excusa de que su presencia agrede a los que no son católicos.

Para quien quiera ver con claridad las motivaciones profundas de estas disparatadas iniciativas anti-católicas, le recomiendo encarecidamente la lectura de esta carta al director, auténtica obra maestra de la estulticia intelectual que anega nuestro país en la actualidad y que, como no podría ser de otra manera, el diario El País publicita a todo trapo en la mismísima portada de su edición digital del 2 de diciembre.